28/09/2007

El paciente tendrá un mes para pedir al Sergas la segunda opinión médica


En caso de divergencia en el diagnóstico entre los facultativos, el afectado podrá elegir el tratamiento que quiera

Los enfermos de cáncer y otras dolencias graves son los que podrán beneficiarse de esta nueva medida

Autor:
Luís Villamor
Fecha de publicación:
28/9/2007

Los enfermos tendrán derecho a una segunda opinión médica en los hospitales gallegos cuando sufran dolencias graves. El Consello de la Xunta aprobó ayer el decreto que regula esta iniciativa, reconocida ya en otras comunidades autónomas, y a la que podrán acogerse los pacientes que padezcan enfermedades neoplásicas malignas (cáncer), neurológico-inflamatorias, degenerativas invalidantes y hereditarias con causas claramente definidas.
Los interesados en solicitar una segunda opinión obtendrán respuesta de la gerencia del Servizo Galego de Saúde en el plazo de un mes. Los enfermos deberán dirigirse a esta ventanilla o a la dirección provincial correspondiente para pedir el contraste de pareceres.
El paciente podrá solicitar que lo vea un especialista concreto o, en su defecto, será la propia Administración sanitaria la que le asigne un nuevo médico para contrastar el primer diagnóstico. Este facultativo dispondrá de quince días para comunicárselo al paciente.
El enfermo podrá pedir la segunda opinión en cualquier hospital de la red pública gallega y, en caso de discrepancia entre los especialistas, seguir el tratamiento en donde crea más conveniente. Si el segundo diagnóstico resulta coincidente con el primero, la atención sanitaria se realizará en el centro hospitalario de origen.
El decreto aprobado ayer por el Consello de la Xunta tiene carácter universal y, en consecuencia, otorga esta ventaja a todos los usuarios del sistema público, según informó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.
La segunda opinión médica podrá ejercerse una vez en cada proceso asistencial. ¿Quienes pueden solicitarla? Todos los usuarios del sistema público residentes en la comunidad autónoma gallega, con tarjeta sanitaria y legalmente capacitados desde los dieciséis años.
El Gobierno autónomo asegura que con esta iniciativa pretende que sea el paciente el que elija desde el máximo nivel de información posible. «Deste xeito desenvólvese unha nova cultura sanitaria máis participativa e accesible, centrada no paciente como protagonista e partícipe activo na toma de decisións que afecten á súa saúde», aseguró el presidente de la Xunta.
Toma de decisiones
Así, el paciente con el derecho a esta segunda opinión médica adquiere mayor responsabilidad en su propio proceso terapéutico. Cuando esté circunstancialmente incapacitado para la toma de decisiones, por criterio médico, el derecho corresponderá a sus familiares o personas vinculadas de hecho, tal y como recoge el decreto.
La medida aprobada en el Consello de la Xunta garantiza al paciente la atención clínica que precise «conforme á carteira de servizos do sistema sanitario galego, e tendo en conta o seu dereito a decidir libremente entre as opcións clínicas dispoñibles, logo de recibir toda a información axeitada», según informaron fuentes de la Consellería de Sanidade del Ejecutivo autónomo.

El Gobierno gallego cree que esta iniciativa tendrá un «coste cero»

La segunda opinión médica no supondrá para el erario autonómico un coste adicional, aseguraron ayer fuentes de la Consellería de Sanidade, que entienden que se trata de que a un paciente lo valore un segundo médico, sin más.
Sanidade no se mostró preocupada en este sentido por una posible saturación del sistema, aunque reiteró que «ao paciente se lle garantirá a atención clínica que precise, conforme a carteira de servizos do sistema sanitario».
El Consello de la Xunta remitió además al Consello Económico e Social el anteproyecto de Lei de Saúde Pública de Galicia, paso previo a su aprobación por el Gobierno.
La ley establece nuevos conceptos en el sistema sanitario público gallego. El texto incorpora la salud por encima de la ordenación de los servicios sanitarios y está concebido como un código de derechos sanitarios, más allá «da fórmula meramente organizativa de antes», aseguran las autoridades sanitarias del bipartito.
El anteproyecto de ley garantiza la financiación pública del sistema e incorpora al Sergas todo lo relativo a la salud mental y la drogodependencia, de acuerdo con las explicaciones proporcionadas por el presidente de la Xunta al finalizar el Consello.
Nueva figura
La norma, que espera ya el dictamen del Consello Económico e Social -el órgano con el que consulta el Gobierno las leyes de gran alcance cívico-, desarrolla la figura del Veedor del Paciente, encargado de velar por los derechos de los enfermos, en este caso conectada directamente al Valedor do Pobo.
Emilio Pérez Touriño indicó que la inclusión del veedor dentro de este órgano de control es consecuencia de las múltiples quejas y reclamaciones que efectúan los ciudadanos gallegos ante el Valedor. Un 30% de las cartas que recibe anualmente esta institución guardan relación directa con las prestaciones que dispensa el sistema público de salud a la población.

Para nosotros también es importante poder acudir a otro especialista»
andrés íñiguez romo
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Autor:
R. Domínguez Israel García

Con la prudencia de conocer cómo se desarrollará en la práctica la petición de una segunda opinión médica, Camilo Veiras Candal, director médico del Centro Oncológico de Galicia, aplaude la medida.
-Las ventajas parecen claras, ¿no?
-A mí me parece bien porque es una vieja demanda de los pacientes, pero también de los médicos. A toda persona que se le diagnostica una enfermedad grave, que pone en peligro su vida, le inquieta a él, a su familia y a todo su entorno; la posibilidad de contrastar es siempre positiva. Y para nosotros también es muy importante poder acudir a otro especialista para reafirmar nuestro diagnóstico o para corregirlo.
-Para desterrar dudas.
-Está claro que dos ojos ven siempre mejor que uno. Podemos dudar y de hecho buscamos otra opinión en compañeros, en el comité de tumores. Y no solo eso, a veces el impacto es tan grande, que incluso para el médico es un estrés tener que dar la noticia a un paciente, a menudo conocido, a veces con poco tiempo, sin tener apoyo psicológico... El que da la segunda opinión tiene otro punto de vista, es ajeno al medio y tiene otra distancia que a veces permite ver mejor el bosque.
-No lo creo. Un grupo importante de enfermos tienen un diagnóstico correcto. Muchas veces tenemos la certeza de que el tratamiento es el acertado e incluso el único. Muchos pacientes nos preguntan, y hablo del cáncer, a qué país del mundo tienen que ir para recibir el mejor tratamiento. Acaban dándose cuenta de que no tienen que marcharse a ningún lugar. Al principio puede darse cierto desconcierto y generarse más demanda, pero no creo que vaya a suponer un problema. No de forma oficial o reglada, pero la segunda opinión ya se está haciendo.
-¿Problemas organizativos?
-La intención es muy buena porque la segunda opinión es casi un derecho. El secreto está en cómo se desarrolle, si para tratarse se cambia el centro del enfermo... Funciona ya en otras autonomías y se podría recurrir a su experiencia.
Andrés Íñiguez Romo es el director general del área de cardiología del Complejo Hospitalario de la Universidade de Vigo. Tiene una experiencia de más de veinticinco años en esta especialidad. Durante su trayectoria profesional, ninguno de sus pacientes se ha mostrado reticente a aceptar el diagnóstico que él ha considerado pertinente.
-¿Qué opinión le merece la iniciativa de la Xunta?
-La valoración general que hago es positiva porque supone un refuerzo de los derechos de los pacientes, en cuanto a la calidad de la atención. Sin embargo, en el sistema sanitario público que tenemos, los profesionales están muy bien formados en las especialidades donde se pueden encontrar los problemas de mayor gravedad, como la cardiología o la oncología. En este sentido, creo que apenas se puedan dar discrepancias entre uno y otro profesional porque se basan en criterios bastante estandarizados. Un nuevo diagnóstico es una garantía, pero no tendrá gran repercusión. En última instancia, el precio a pagar por otra consulta sería una demora.
-¿Piensa que la propuesta será será bien asimilada?
-Sí. Porque nuestro modelo sanitario es un sistema de cobertura universal que tiene una gran capacidad de respuesta. Esta propuesta se integrará de forma eficaz y sin problemas de agilidad en trámites.
-¿En qué especialidades considera que hay un mayor riesgo de demora y cuáles tendrían más incidencia?
-En aquellas especialidades que no son cubiertas al cien por cien por el sistema de sanidad público. Cabría destacar el caso de la cirugía estética. Pero en los casos donde el paciente sufre enfermedades degenerativas y de importancia vital no habrá apenas demora. Sí puede haber problemas de espera en los casos donde uno puede decidir si considera o no oportuno operarse. Esto sucede con las cirugías de varices, por ejemplo. Toda esta problemática se reduce a saber informar debidamente al paciente para que conozca de forma precisa cuál es su mal, así como por qué se le ha diagnosticado. Hay que explicar bien el porqué de una operación o de un determinado tratamiento.

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